Amnistía Internacional denuncia impunidad por masacres de Sacaba y Senkata

La organización también lamentó las acciones del gobierno precedente de Evo Morales, del que recordó que puso en entredicho la labor de instituciones y personas respecto de la defensa de derechos en el país.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el jueves impunidad en Bolivia en los casos de violación de derechos humanos durante la represión militar-policial después de las elecciones anuladas de octubre de 2019, por fraude electoral.

En un informe “Para sanar la pandemia de impunidad”, sobre los sucesos posteriores a la crisis que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la sucesión de Jeanine Áñez, la organización además hizo recomendaciones respecto de la crítica situación del país a los candidatos inscritos para las elecciones del 18 de octubre.

“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, según una nota de prensa de la organización de derechos humanos.

Al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de abril y cuyo contenido libraba a los militares de una eventual proceso penal por sus acciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana intervinieron una gigantesca columna marchistas en Huayllani, Sacaba (Cochabamba), el 15 de abril. La represión terminó inicialmente con una decena de fallecidos.

El 19 de abril, otra movilización, esta vez en la zona de Senkata, en El Alto, también fue reprimida por las fuerzas combinadas. Otra decena de muertos fue el resultado de las acciones. Los manifestantes habían bloqueado la salida de carburantes de la planta de la zona y el Gobierno consideró que la movilización tenía características de sedición y terrorismo.

Las movilizaciones se habían iniciado después de la dimisión de Morales, en reclamo por su retorno y en protesta contra el gobierno transitorio. Una crisis política se había desatado por las irregularidades en las elecciones halladas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había sido secundada por conflictos previos durante 21 días, propiciados por movimientos y organizaciones detractores de Morales y su gobierno.

Impunidad

En su informe, basado en investigaciones propias, Amnistía Internacional contabilizó al menos 35 fallecidos  y 883 en esas protestas. “Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”, señala el documento.

Insistentemente, el gobierno de Jeanine Áñez consideró que la intervención policial-militar no usó armas letales en ambos hechos. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, repitió el 10 de agosto el ministro de Defensa, Luis Fernando López, al anunciar la caravana de transporte de oxígeno medicinal de Santa Cruz a La Paz en pleno bloqueo de carreteras.

El informe Para sanar la pandemia de impunidadhttps://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1828712020SPANISH.PDF

En contrapartida, la organización también cuestionó la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado. “En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, recordó.

Ministerio de Justicia

“Hicieron declaraciones que ponían en entredicho la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y suscitaron dudas respecto de la obligación de las autoridades bolivianas de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, dice el informe.

Al respecto, el Ministerio de Justicia rescató este viernes esta parte del documento para recordar el papel de Morales y su gobierno en los hechos.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, dijo Justicia en un comunicado de prensa.

Amnistía Internacional se refirió también a las agresiones contra defensores de derechos humanos, como Waldo Albarracín, cuya vivienda fue quemada durante la crisis, como la de la periodista Casimira Lema, el entonces ministro César Navarro o el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.

“En ese sentido, Bolivia ha fallado en su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de garantizar un ambiente seguro y propicio para realizar su labor y ejercer su derecho a defender los derechos humanos”, dice el texto.

Periodistas

También se refirió a las agresiones a periodistas, locales e internacionales, en la crisis. “El gobierno interino ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”, afirma el informe.

Luego de los conflictos, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, advirtió con procesar a “pseudo periodistas sediciosos”. Con “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Lo que hacen estos periodistas, en algunos casos bolivianos y extranjeros, que estén causando sedición en el país tienen que responder a la ley boliviana”, advirtió.

“Tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, advierte Amnistía Internacional.

Recordó que en esta cuarentena por la expansión del COVID-19 en el país las acciones se repiten y consideró que los “decretos 4199, 4200 y 4231, entre otros, que, con la justificación de enfrentar la pandemia, pretenden silenciar a aquellas personas que cuestionen sus políticas”.

Sobre este contexto de crisis, la organización describió que en Bolivia existe “un ambiente de creciente polarización e intolerancia, de actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y de falta de confianza en las autoridades bolivianas para impartir justicia independiente”.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales. Ello, para desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares”, complementó.

Cree que es un paso fundamental que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya creado un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos.

Además, con vistas a las elecciones generales del 18 de octubre, ahora validadas en la Ley 1315, promulgada por Áñez, Aministía Internacional recomendó a los ocho candidatos presidenciales “a que se comprometan públicamente con una agenda de derechos humanos para los próximos cinco años, asegurándose que sus propuestas de gobierno avanzan en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que Bolivia voluntariamente ha contraído”.

Las elecciones fueron un último motivo de conflicto en el país. La Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron movilizaciones contra la postergación de los comicios dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El bloqueo de carreteras de 12 días perjudicó el transporte y el gobierno señaló que la medida impidió el traslado de oxígeno y medicamentes para pacientes con COVID-19 especialmente para las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro.

Por esos hechos, el Ministerio de Justicia instauró procesos contra los dirigentes de la movilización y contra Morales, entre otros.

La Razón

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